En febrero de 2015, la revista Qué Pasa publicó un reportaje llamado “Un negocio Caval”, donde expuso que la sociedad Exportadora y de Gestión Caval Limitada, propiedad de Natalia Compagnon —esposa de Sebastián Dávalos, hijo de la presidenta Michelle Bachelet— había recibido un crédito por parte del Banco de Chile por más de 10 millones de dólares, el que fue aprobado por la entidad financiera el 16 de diciembre de 2013, un día después del triunfo de Michelle Bachelet en la segunda vuelta de la elección presidencial. Dicho préstamo estaba destinado a la compra de un terreno en Machalí, con el objeto de revenderlo para desarrollos inmobiliario.

Más tarde se conocería que la operación fue propuesta por la pareja en una reunión con el propio Andrónico Luksic.

Aunque no hubo involucrado un solo peso del dinero público, el escándalo fue de tal magnitud que el segundo gobierno de Michelle Bachelet nunca se recuperó de él. El hecho que tamaño préstamo no tuviera más respaldo que el resultado de la elección presidencial de la mandataria, mostró a millones de chilenos desde Punta Arenas hasta Arica, cómo el poder político podía acceder a privilegios económicos que millones de chilenos jamás lograrían, pese a su esfuerzo.

Lo ocurrido con el Caso Fundaciones es parecido, pero peor.

Como explica el abogado Dagoberto Reinueva, exmiembro del Consejo de Defensa del Estado en Magallanes, a propósito del caso Democracia Viva en Antofagasta, “aquí hubo fraude al Fisco”. Según explica, esto significa que se montó una escena para aparentar una realidad aparente, que era ayudar a los más pobres, la gente de los campamentos y de esta forma, encubrir una realidad delictual, que era la ganancia para los involucrados.

¿Y cómo se hacía?

Todo indica, agrega el abogado, que se exageraban los costos para aumentar el presupuesto que el Estado debía pagar. La prueba es que un proyecto por $400 millones y que decía tener un 30% de avance, es decir unos $130 millones en inversión, apenas podía exhibir unos depósitos plásticos, una red húmeda sin terminar y dos a cuatro carteles de emergencia, como únicos avances.

Y surge la duda: ¿Por qué el Ministerio de Vivienda querría apoyar con recursos de esa magnitud un proyecto que buscaba establecer a las personas en los campamentos, cuando lo que el gobierno ha dicho es que busca, precisamente, erradicarlas de esos mismos campamentos?

Una cruel respuesta la da el comentarista Tomás Mosciatti, quien afirma que Democracia Viva y otras como ella, son o se han convertido en brazos políticos de organizaciones políticas.

Mosciatti recuerda el modelo inspirador del Frente Amplio: la coalición política española Podemos. El diputado Íñigo Errejón, uno de sus principales líderes, expuso en Chile en 2017. Allí, dio cuenta de la precariedad de los partidos para hacer política y la necesidad de levantar “asociaciones” populares, palabras que en Chile se tradujo en la creación o captura de fundaciones con fines políticos.

Según Ex-Ante, Errejón dijo: “No estoy hablando de grandes construcciones retóricas, hace falta que para cuando los ayuntamientos (municipios) del cambio pierdan elecciones, haya asociaciones de vecinos saludables, enraizadas y con poder en cada distrito; hace falta que haya clubes de montaña y agrupaciones juveniles, que haya más espacios culturales de autoorganización; hace falta que estén enraizadas las casetas populares en todas las fiestas, que haya asociaciones deportivas entre sí. Hace falta que haya una estructura económica autonóma que vaya a permitir acoger a buena parte de los cuadros militantes que hoy se están dedicando a trabajos institucionales”.

De ahí, la necesidad y hasta obsesión por generar tantos recursos y que no sería otra que mantener a la militancia acogida y bien remunerada, mientras se construye el proyecto político de igualdad desde el gobierno o fuera de él, aunque sea a costa de usar a los más vulnerables como bandera, advierte Mosciatti.

De ahí la necesidad que los recursos sean destinados a dedo, a ciertas personas, militantes de ciertos partidos.

Con el paso de los días, el escándalo solo ha crecido y, como en el caso Caval, el gobierno se ha visto paralizado ante los durísimos cuestionamientos a las figuras más cercanas al Presidente Boric, como es el líder de Revolución Democrática, Giorgio Jackson, partido al que pertenecen buena parte de los involucrados en el caso Democracia Viva, o bien, incluso a quienes el Mandatario intenta blindar como ocurrió con el seremi de Vivienda del Maule, quien cayó al día siguiente de recibir el respaldo presidencial.

Lo peor de todo, es que organizaciones que se han ganado un prestigio, a costa de genuina y extraordinaria vocación, como el Centro de Rehabilitación Cruz del Sur en Punta Arenas y tantas otras, también podrían verse perjudicadas, injustamente.

Ello porque en lo inmediato, la Contraloría ordenó suspender todos los procesos de toma de razón del Estado con las fundaciones para convenios por sobre 200 millones de pesos, situación que podría afectar incluso a la Corporación de Rehabilitación Cruz del Sur, que depende de un proceso de este tipo para recibir los recursos que recibe cada año del Servicio de Salud Magallanes.

Aunque horas después, tal instructivo fue modificado para permitir que, precisamente, organizaciones tan fundamentales de la sociedad como esta, no sean afectadas, lo concreto es que todavía no hay certeza de cuándo recibirá la institución, los recursos que requiere y que, más encima, este año son, incluso, superiores a los de años anteriores, como afirmó su gerente, Asterio Andrade.

Sin embargo, en Magallanes, también hay denuncias y críticas en contra de otras fundaciones.

PROCULTURA

El 23 de junio, el consejero regional Alejandro Riquelme denunció que la Fundación Procultura, también cuestionada en Antofagasta, habría recibido, en forma irregular, recursos del Gobierno Regional de Magallanes. Se trataba de dos proyectos por un monto total de más de 52 millones de pesos, bajo la modalidad de asignación directa, para la elaboración de dos murales levantados en la costanera de Punta Arenas.

Pero, el consejero considera que la fundación no debió ser considerada, siquiera, para postular a estos aportes, ya que la normativa indica que sólo podían hacerlo instituciones con domicilio legal en Magallanes, lo que no ocurría en este caso, afirmó Riquelme.

También cuestionó el hecho que la fundación tenía rendiciones pendientes de anteriores proyectos, por lo que tampoco podría haber postulado, acusó.

El fundador y director ejecutivo de la fundación, Alberto Larraín, respondió afirmando que la interpretación de Riquelme no era veraz ni ajustada a derecho y que la fundación tenía domicilio tributario “y para los efectos de toda la institucionalidad pública”, agregó, en el Teatro Cinema de Porvenir, cuya remodelación y puesta a punto es uno de los mayores logros de la fundación en Tierra del Fuego.

Agregó que la ejecución de varios proyectos en paralelo es legal, por lo que no caben los cuestionamientos de Riquelme.

Consultado al respecto, el abogado Dagoberto Reinuava, en cambio, comentó que “el consejero Riquelme tiene un punto, porque el Código Civil define el domicilio legal como aquél que representa el ánimo de la persona de residir en él, en este caso, allí donde trabajan las personas que dirigen la fundación, reside su gerente, se reúnen sus directores, se lleva la contabilidad, etcétera”.

PORVENIR

Más tarde, Riquelme apuntaría sus dardos en contra de otro contrato de la misma fundación con la municipalidad de Porvenir, vía trato directo y por un monto de $52 millones.

El consejero sostuvo que la adjudicación de contratos vía trato directo por parte de una municipalidad sólo puede realizarse en forma excepcional y justificadamente, de acuerdo a lo establecido por la Contraloría, dijo, condición que en este caso no se habría cumplido. “La falta de justificación suficiente de una causal de trato directo implica un incumplimiento del deber de los órganos de la Administración del Estado de realizar sus contrataciones preferentemente a través de procedimientos de licitación pública, y asimismo contraviene el principio de libre concurrencia que debe imperar en la propuesta pública, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9° de la Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado”, sentenció.

El alcalde José Gabriel Parada explicó: “La modalidad de trato directo con la cual se contrató a la Fundación Procultura fue la de servicios especializados para la etapa de diagnóstico del programa Pequeñas Localidades. Lo anterior por cuanto la municipalidad no está en condiciones de asumir su ejecución por la siguientes razones: la Municipalidad de Porvenir no contempla, dentro de su planta de personal, el personal idóneo, con la formación profesional o experiencia necesaria para el desarrollo de lo anterior, puesto que, la planta municipal, según se fijó en el Reglamento Municipal N°01, fechado el 19 de diciembre de 2019, únicamente regula las Unidades Municipales mínimas de la Ley N°18.695”.

Agregó que la realización de esta forma especial de contratación implicó la acreditación por parte del municipio de una serie de competencias, entre ellas experiencia en desarrollo de proyectos en localidades alejadas de centros urbanos o en situación de aislamiento; en la ejecución de proyectos de identidad local; en la ejecución de programas y proyectos de conservación y puesta en valor de patrimonio humano, cultural y local; procesos de participación ciudadana, entre otras.

MÁS ACCIONES

En medio de toda esta situación, el consejero Alejandro Riquelme publicó en redes sociales el listado de todas las instituciones que reciben los mayores aportes estatales por parte del Gobierno Regional, lo que le valió ácidas críticas de nueve de los 14 consejeros regionales y el Consejo Regional de la Sociedad Civil, Coresoc.

PRESTACIONES

La polémica publicación de Riquelme señaló a la fundación Hernando de Magallanes como la tercera organización social con mayores aportes por parte del Gobierno Regional, con más de 900 millones de pesos y superada solo por Bomberos y la Corporación de Rehabilitación Cruz del Sur.

Aquello generó la inquietud del abogado Alfonso Campos, quien se dio a la tarea de analizar la labor de esta institución. Campos recordó que el 25 de enero de este año, el Gobierno Regional informó a través de su página web de un contrato con esta fundación para disminuir las listas de espera, nuevamente vía asignación directa.

El abogado analizó los montos informados y se alarmó pues los consideró excesivos, por lo que se preguntó si hubo alguna cotización que los justificara. “Según esta publicación, el Gobierno Regional le aportó $285 millones para efectuar 71 cirugías ginecológicas, es decir, más de $4 millones por cada cirugía, además de $153 millones para 500 consultas, lo que significa $300 mil por cada consulta. Aparte de lo anterior, el Gobierno Regional le aportó la suma de $149 millones para diagnosticar la salud de 70 presos políticos (dos millones de pesos) por cada diagnóstico”.

La fundación aludida respondió de inmediato afirmando que los valores informados por Campos no eran veraces y que el monto total del programa se justificaba por la amplia variedad de servicios involucrados, como traslados a otras regiones, equipos multidisciplinarios y muchos otros que detalló.

MATHESON

El viernes, el diputado Christian Matheson solicitó a la Contraloría la revisión de todos los contratos del Estado con fundaciones desde 2022.

GOBIERNO

Mientras, crecen las voces en el oficialismo y la oposición para un nuevo cambio de gabinete y profundo cambio de rumbo del gobierno, pero el Presidente Boric se ha negado y este fin de semana inició una gira a Europa.

Mientras, la crisis sigue abierta.