El viernes, el Gobierno entregó detalles del veto presidencial a la Ley de Usurpaciones, el cual salvaguarda el delito, pero elimina la autotutela. Esto, ha causado una serie de reacciones entre los parlamentarios y parlamentarias.

En concreto, la ministra del Interior, Carolina Tohá explicó que “se hizo esta modificación para evitar que se promueva que los civiles a través de la violencia reivindiquen sus derechos y para salvaguardar que el delito se mantenga como un delito permanente y que en todo momento puedan actuar las policías”.

Lo anterior, provocó  diversas reacciones y el ingreso de esto pone término al suspenso y largo debate que se dio al interior del oficialismo luego de su aprobación en el Congreso Nacional.

 El veto, según trascendidos del Gobierno, deja a criterio de los jueces el aplicar penas de multa y/o de cárcel al autor de una usurpación, entregando parámetros como la conducta anterior, si hubo daño (en las cosas o en las personas) y, por último, si se dio una pronta o tardía restitución del inmueble o terreno usurpado.     

Para el miembro de la Comisión de Seguridad Publica, el senador Alejandro Kusanovic, esto es un error y una vergüenza indicando que “el Gobierno se equivoca nuevamente al vetar esta ley, que solo busca terminar con la impunidad que hay cuando se toman terrenos. El gobierno tiene que escuchar a la mayoría de los chilenos y trabajar por las personas honestas que necesitan estas herramientas. Ya basta de colocarse del lado de los delincuentes y avalar su impunidad”. 

El parlamentario cuestiono los motivos del gobierno detallando que “los escenarios para justificar este veto no son reales, por lo mismo no lograron consenso ni al interior de su propia coalición. Necesitamos sanciones ejemplificadoras y herramientas eficaces cuando hay terrenos usurpados, pero con este veto le quitaron los dientes al proyecto y así como está lo rechazaré”.

Finalmente, ahora el proyecto deberá volver a ambas Cámaras y las distintas comisiones y la sala en general deberán volver a debatir los puntos que el Ejecutivo haya decidido modificar y estos deberán ser aprobados por 2/3.