Desde hace algunos meses los reclamos sociales emanados de los diferentes gremios de la pesca artesanal en la Región de Magallanes han generado diversas reacciones de parte de las autoridades, así como de cada sindicato, a fin de encontrar una solución a sus demandas.

Luego de protestas de calle que ocasionaron, incluso, enfrentamientos entre pescadores y las fuerzas del orden, así como diálogos multisectoriales, se llegó al acuerdo de proporcionar fondos concursables para el gremio, los que serían gestionados por medio del Instituto Nacional de Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal y de la Acuicultura de Pequeña Escala (Indespa).

Como toda convocatoria de esta índole, hay bases que contemplan los requisitos que los postulantes deben cumplir a fin de optar a los beneficios. Allí es donde se encuentra la crítica y el reclamo por parte del presidente del Sindicato de Ericeros y Gente del Mar, Jorge Paredes Leiva, quien habla de irregularidades respecto del concurso.

“Meses atrás tuvimos una reunión con el jefe de Indespa de Santiago. Él nos dijo que había unos proyectos para los pescadores artesanales para ayudarlos con sus problemas sociales, donde había que inscribirse”, explica, detallando que muchos pescadores se inscribieron, sin embargo, llegado el momento de nombrar a los adjudicatarios de dichos beneficios fue cuando -según el dirigente sindical- conocieron las bases y los requisitos para poder recibir los beneficios.

“Las bases nos las dieron después de habernos inscrito, y eso es una falencia, está totalmente mal, porque si nosotros hubiésemos tenido la posibilidad de saber las bases, les hubiésemos podido haber dicho que no”, complementa Paredes, señalando que al concurso podían postular “solamente las personas que tenían zarpe y algunas reglas más y no podían postular personas que tienen problemas financieros, personas que están en Dicom y personas que deben pensión alimenticia. Y, así, a los pescadores ‘les cortan los brazos’ con eso de la ayuda social”.

Ante tal situación, el sindicalista manifiesta que estas normativas del Indespa pueden obedecer a directrices del Gobierno, ante lo cual señala que desde su posición seguirán vigilantes de la situación respecto de la relación del Estado con el instituto, pues señala que es posible que “el Estado le haya dado al Indespa todas las atribuciones y ellos están manejando esa plata como ellos quieren, afectándonos a nosotros y distribuyéndola malamente”.