El pasado 1 de junio en su cuenta anual en el salón de honor del Congreso, el Presidente de la República Gabriel Boric, presentó un importante paquete de medidas en ejecución y en desarrollo en el sector educación, de gran relevancia y atención para el Mineduc. Una de ellas es el Proyecto de Ley sobre Convivencia, Buen Trato y Bienestar de las Comunidades Educativas, que fue ingresada hace unos días al parlamento por el Ministro de Educación Nicolas Cataldo.

Este proyecto de ley robustece y consolida los esfuerzos sistémicos y permanentes del Mineduc que se orientan a prevenir hechos de violencia, acoso y discriminación y se enlaza con diferentes políticas en ejercicio que son de parte del Plan de Reactivación Educativa, como el programa habilidades para la vida, el programa a convivir se aprende y recientemente, la actualización de la Política Nacional de Convivencia Educativa 2024 – 2030.

La escuela como parte de la sociedad no es ajena a las situaciones de violencia que se generan en diferentes espacios, mucho más considerando los desafíos que en materia de bienestar y salud mental tenemos en el marco de los efectos de la pandemia del covid-19. Esto nos impulsa a mirar diferentes iniciativas en materias de gestión educativa para la mejora de la convivencia, en lo cual hemos tenido una demanda creciente desde las comunidades. Lo vemos en las cifras de la Superintendencia a nivel nacional, del total de denuncias que este órgano fiscalizador recibió durante el 2023, el 72,1% corresponden a materias de convivencia escolar.

Este proyecto de ley se nutre de diferentes miradas, considera ideas y contenidos de proyectos ingresados al parlamento relativos a convivencia educativa, no discriminación, seguridad, prevención de delitos y consumo de drogas en los espacios educativos; también recoge recomendaciones técnicas de instancias convocadas por el Mineduc, como el Consejo Asesor en Convivencia Escolar, Bienestar y Salud Mental, el Consejo para la Reactivación Educativa y la Mesa Técnica Centros Educativos como Espacios Protegidos y contempla los espacios de dialogo y trabajo con diferentes organizaciones de la sociedad civil.

En concreto este proyecto contempla cuatro líneas de acción. En primer lugar, fortalece el rol del estado en el abordaje de la convivencia escolar, considerando la obligación de renovar la Política de Convivencia Educativa cada ocho años, instala una perspectiva interinstitucional de trabajo, lo que implica el fortalecimiento de la labor articulada entre MINEDUC, Subsecretaría de la Niñez, Subsecretaría de Justicia, Ministerio de Interior, entre otras instancias.

En segundo lugar, fortalece los instrumentos de gestión para la convivencia educativa, dentro de lo cual se considera la obligación de las escuelas que reciben recursos del estado de contar con un coordinador de dedicación exclusiva para la convivencia educativa, la promoción de enfoques formativos en la aplicación de los reglamentos con foco en la prevención y en el trabajo en el aula, entre otras medidas.

En tercer lugar, el desarrollo de medidas pedagógicas para la convivencia escolar, creando un observatorio de la convivencia educativa al alero de la Agencia de la Calidad de la Educación, que nos permitirá, en base a evidencia, contar con nuevas estrategias pedagógicas para la promoción de la buena convivencia en las comunidades educativas.

En un cuarto punto, lamentablemente los equipos pedagógicos no están exentos de vivir situaciones de violencia en el ejercicio de sus funciones. Por ello este proyecto de ley establece un resguardo especial en el marco de la normativa laboral vigente, que explicita el rol de los sostenedores en la prevención, investigación y sanción de conductas de acoso y violencia en centros educativos.

Hemos visto que este proyecto desde su anuncio ha contado con un importante respaldo tanto de diferentes sectores políticos como de organizaciones de la sociedad civil, centros especializados, agrupaciones y familias que dan cuenta de la necesidad de legislar al respecto. Esperamos que este consenso permita la pronta aprobación de este cuerpo legal muy esperado por nuestro sistema escolar.

Esta iniciativa fortalece el trabajo de las comunidades educativas y del Ministerio de Educación desplegado en el territorio en materias de convivencia. En este marco sólo este mes, hemos podido trabajar en la actualización de la Política Nacional de Convivencia Educativa, con directores (as) y encargados (as) de convivencia escolar de establecimientos públicos; hemos trabajado en materia de inclusión educativa con equipos PIE y directivos con el apoyo de la Superintendencia de Educación y hemos dispuesto la realización de una jornada regional de revisión de reglamentos internos, considerando la actualización de la Política Nacional de Convivencia Educativa en todas las escuelas para el día 26 de junio, con la participación de los diferentes estamentos y con el resguardo del tiempo y las condiciones necesarias para la reflexión en las comunidades.

Estas son parte de las medidas que desde el Ministerio de Educación se encuentran en desarrollo para el cuidado y bienestar de todos y todas quienes son parte del sistema escolar en la región de Magallanes y la Antártica Chilena.