Los abogados de la suspendida magistrada de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, presentaron dos escritos para bloquear la solicitud del presidente del máximo tribunal, Ricardo Blanco, de acceder a los chats que mantenía con el penalista Luis Hermosilla, el principal imputado en el llamado “Caso Audios”.

El primer documento, firmado por Cristóbal Osorio, fue dirigido al pleno del órgano jurisdiccional y argumentó que la petición de Blanco “infringe el ordenamiento jurídico y desconoce la naturaleza jurídica del procedimiento de remoción”, según publicó La Tercera PM.

En tanto, el segundo escrito, suscrito por Osorio y Juan Carlos Manríquez, fue remitido al fiscal nacional, Ángel Valencia, para que rechace la solicitud del presidente de la Suprema.

Los abogados sostuvieron que no existe fuente legal que autorice al pleno para hacer dicha pretensión y acceder a conversaciones privadas.

También argumentaron que la Ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, “dispone que el tratamiento de datos personales, es decir, cualquier operación o complejo de operaciones o procedimientos técnicos para seleccionar, extraer, confrontar, interconectar, disociar, comunicar, ceder, transferir, transmitir o cancelar datos de carácter personal, como son los whatsapps, requiere fuente legal o autorización del titular”.

Este miércoles, Vivanco hizo entrega de su teléfono celular y un computador personal, de manera voluntaria, al Ministerio Público, para colaborar en la investigación que lleva adelante la Fiscalía Regional de Los Lagos, a cargo de la persecutora Carmen Gloria Wittwer.

Lo anterior, en el marco de la indagatoria por posibles delitos de tráfico de influencias, negociación incompatible y cohecho, luego que se conociera de un fallo de la Tercera Sala de la Corte Suprema, cuando ella la presidía, y que benefició al consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec (CBM).

Otra arista

En paralelo -señala Cooperativa- Ciper publicó este miércoles un nuevo reportaje donde reveló la amistad de Vivanco con el abogado Miguel Vargas, quien fue parte del equipo jurídico de CBM mientras la ministra veía su causa.

La magistrada falló a favor de la empresa sin manifestar que tenía una estrecha relación con Vargas, de acuerdo con el medio de investigación.

El exministro y expresidente de la Corte Suprema Milton Juica planteó a Cooperativa que esto debe ser investigado por la justicia.

“Es obligación de los jueces -por supuesto, legal- que cuando hay situaciones de inhabilidades que permitan dar lugar a una recusación o a una implicancia, el juez está en el deber de hacer contar esa inhabilidad, cosa de que las partes tengan la posibilidad de poder inhabilitar, a través de otro procedimiento, a ese funcionario. Ahora, eso hay que demostrarlo, por supuesto”, señaló el otrora magistrado.

“Habrá que demostrar si efectivamente existe esa relación. Una relación tiene que ser muy directa, muy íntima, con respecto de las partes y el juez”, aclaró.