El exseremi de Hacienda, Christian Gallardo, declaró ayer que si bien la nueva ley antievasión supone un importante avance en términos de modernización y justicia fiscal, también representa un serio desafío para las pymes y emprendedores del país. “El alto costo de adaptación podría poner en riesgo su futuro”, sentenció.
Nueva ley
Según explicó la nueva Ley de Cumplimiento Tributario redefine las reglas del juego, aumentando la fiscalización para personas naturales, emprendimientos y empresas, con medidas como el ajuste del secreto bancario y recompensas para denunciantes.
La normativa establece que los bancos deberán notificar al SII si un cliente recibe más de 50 transferencias de distintos RUT en un mes, o 100 durante un semestre.
Este ajuste, que marca una nueva era de fiscalización intensificada, pretende frenar la informalidad y aumentar la recaudación fiscal.
Un paso correcto
El exseremi de Hacienda, Christian Gallardo, sostuvo que “la modernización fiscal es un paso correcto, será más beneficioso para el país si garantizamos apoyo tanto a las personas naturales, las empresas más vulnerables y los emprendedores. La digitalización de los procesos impositivos facilitará la vida de todos, ayudará a prevenir errores y mejorará los resultados, a nivel macro, el país se verá beneficiado por un reparto más justo de la recaudación, lo que significa más inversión en el bienestar social”.
Nuevo rayado
Afirmó que la cancha está más rayada que nunca, “y la obligación de reportar transacciones frecuentes pone a las pymes, emprendedores y personas naturales en una posición aún más desafiante, donde el costo de no cumplir podría ser demasiado alto”.
En este sentido, afirmó que el ajuste del secreto bancario es otro detalle esencial, “pues permitirá al SII obtener fácilmente información detallada de las cuentas bancarias para encontrar discrepancias o actos sospechosos. El mayor impacto recaerá en aquellos que dependen de ingresos informales, como es el caso de los freelancers y pequeños vendedores que no han regularizado sus impuestos”.
“Pero existen desventajas evidentes: la obligación de modernizar el sistema contable, mejorar la infraestructura en curso y formar al personal puede ser un desafío que deberán enfrentar muchas empresas”.