El presidente Gabriel Boric, al culpar al empresariado de un supuesto “pesimismo ideológico” como causa de la baja inversión en Chile, elude una realidad más compleja: es el propio gobierno quien ha diseñado un entorno que desincentiva el desarrollo económico. Esta narrativa no solo es desacertada, sino que revela una incapacidad de asumir responsabilidades frente a los obstáculos que su administración ha impuesto tanto a grandes como pequeñas empresas. Un caso emblemático de estas barreras es el sector del hidrógeno verde. Proyectos clave para posicionar a Chile como líder en energías limpias llevan años atrapados en procesos burocráticos interminables. Un informe ambiental puede tardar más de cuatro años en ser aprobado, una demora que paraliza iniciativas de alto impacto, tanto a nivel económico como social. El daño es evidente: se pierden oportunidades para generar empleo, diversificar la matriz energética y consolidar el liderazgo de Chile en tecnologías sustentables.

La situación no es mejor para los pequeños emprendedores. Cambios regulatorios, como las restricciones en sistemas de transferencia y mayores impuestos, han generado un ambiente hostil. Estos problemas son especialmente críticos para quienes sostienen sus negocios con márgenes ajustados y no cuentan con el respaldo financiero para enfrentar costos adicionales. En lugar de fomentar su crecimiento, se les ha dificultado competir y subsistir, erosionando la base productiva del país.

Es imposible no recordar la eliminación del FUT durante el gobierno de Michelle Bachelet, una medida que trajo graves consecuencias para la inversión privada. Aunque se presentó como un avance hacia la equidad tributaria, en la práctica socavó la capacidad de las empresas para reinvertir sus utilidades. Hoy, con políticas de similar naturaleza, el gobierno de Boric parece decidido a repetir los errores del pasado. Las propuestas de aumentar impuestos y restringir márgenes de acción para las empresas son más señales de un enfoque que prioriza la ideología sobre el pragmatismo.

Iniciativas como la ley de las 40 horas y la “Ley Karin” agravan aún más la situación. Si bien su intención es mejorar las condiciones laborales, en la práctica incrementan los costos operativos de las empresas, reduciendo su capacidad de contratación y debilitando su competitividad. Este tipo de medidas, lejos de incentivar la inversión, refuerzan la percepción de que Chile no ofrece garantías para el desarrollo económico.

El discurso de Boric también ignora un punto fundamental: la confianza es el motor de la inversión. No se puede esperar que el empresariado asuma riesgos cuando enfrenta un panorama de incertidumbre, reglas cambiantes y hostilidad discursiva. En lugar de responsabilizar al sector privado, el gobierno debería concentrarse en construir un ambiente que fomente la cooperación y el crecimiento.

Chile necesita un cambio de rumbo urgente. No podemos seguir apostando por políticas que limitan la inversión, tanto en el sector público como privado. Es imprescindible reducir la burocracia, agilizar los procesos de aprobación de proyectos y garantizar un marco normativo estable. Solo así podremos reactivar nuestra economía y ofrecer oportunidades reales para todos los ciudadanos.

El país enfrenta un desafío histórico: recuperar su capacidad de generar progreso. Esto no se logrará culpando a los demás, sino asumiendo responsabilidades y tomando decisiones audaces que beneficien a las futuras generaciones. Chile tiene el talento, los recursos y el potencial para liderar en innovación y desarrollo. Lo único que falta es un liderazgo que esté a la altura de ese desafío.