El reportaje “Las fallas expuestas en caso de abuso sexual en el Hospital”, publicado en el suplemento Análisis de la edición del domingo pasado en este medio, tuvo ecos a nivel regional. 

A modo de resumen: “Pilar” (nombre ficticio para proteger su identidad) fue víctima de un hecho de abuso sexual por parte de su jefatura, Iván Valenzuela Mella, quien fungía como matrón supervisor del recinto médico regional. Luego de denunciar, la mujer sufrió mermas en sus horas laborales, además de lo que a su juicio fue poco respaldo de los aparatos del Estado.

La primera reacción surgió de la Coordinadora Feminista Punta Arenas, quienes, en un comunicado, llamaron a que “el miedo y la vergüenza deben cambiar de lado”, exigiendo juego “justicia y transformaciones estructurales ante la violencia sexual y de género en el Hospital Clínico de Magallanes”.

En la misma línea, apuntaron que el delito “no sólo expone la violencia patriarcal ejercida por el agresor (jefatura), sino también la revictimización sistemática y la vulneración laboral a la que fue sometida la víctima (funcionaria subalterna) tras atreverse a denunciar”. Sobre esto último, desarrollaron a renglón seguido: “Permitir que la víctima fuese enfrentada con la esposa del agresor, sin mediación profesional; reducir sus turnos, ingresos y estabilidad laboral como represalias silenciosas, y exponer su identidad en medio de una investigación sumaria, son reflejo de la aplicación de un protocolo que, en vez de proteger, revictimiza”.

Sobre el actuar del mismo recinto hospitalario, reconocieron “una negligencia institucional para abordar la violencia de género, que es inaceptable y peligrosa, pues perpetúa el temor a denunciar, y deja a las mujeres en posiciones de absoluta indefensión”.

Pidieron “Justicia para ‘Pilar’”, remoción del cargo de los agresores; apoyo integral para las sobrevivientes; protocolos como “herramientas efectivas, no adornos simbólicos”; protección laboral y económica para las denunciantes; y responsabilidades políticas.

Consejera

La consejera regional Ximena Montaña (independiente-FA) expuso el hecho en la última sesión del Consejo Regional (CORE): a su juicio, el caso de Pilar “no solo expone la brutalidad del abuso, sino la revictimización sistemática de la funcionaria que se atrevió a denunciar”.

“No es aceptable que las instituciones públicas encargadas de proteger a las personas perpetúen la precarización laboral y el encubrimiento de agresores (...) Esta situación refleja, no solo la violencia de género en instituciones públicas, sino también la precariedad estructural que expone a quienes trabajan en condiciones ‘temporales prolongadas’, como es el caso de la víctima, quien luego de atreverse a denunciar  y después de 12 años trabajando en modalidad de reemplazo, no la volvieron a llamar”, agregó luego.

En cuanto a la instancia en la que la denunciante enfrentó a la esposa del denunciado, calificó que “no corresponde; los compañeros que grabaron el abuso sin intervenir actuaron como cómplices de un delito; que la grabación sin conscentimiento y el uso de material para burlarse de la víctima constituyen acoso y una vulneración grabe a su dignidad; y que estas acciones reflejan una falta de entendimiento sobre el conscentimiento y también la normalización de un delito”.

“Necesitamos protocolos efectivos que sean herramientas reales de prevención, justicia y reparación, y no solo simples formalidades (...) La víctima siente que se le han cerrado las puertas; siente la revictimización de seguir contando su historia y siente la impotencia de que no existen responsables”, complementó luego.

Hacia el final, pidió oficiar a la seremi de Salud, al Servicio de Salud y a la dirección del Hospital “para que nos trasparente cuál fue su actuar antes esta grave situación para tener la información suficiente y evaluar si es necesario revisar los protocolos vigentes y garantizar que la justicia llegue a todas las víctimas de violencia sexual y de género. No podemos tolerar que el miedo siga en las víctimas, debe cambiar de lado”.

Por su parte, el delegado presidencial regional, José Ruiz respaldó el actuar del Hospital: “Se cumplieron todos los protocolos cuando se realiza la denuncia el mes de marzo. No solo la denuncia es acogida por la dirección del Hospital al día siguiente de hecha la denuncia, sino que dos días después se tiene un fiscal para el sumario administrativo que, por cierto, está en etapa avanzada”.

Asimismo, identificó dos “causas” del tratamiento del hecho: “Una arista administrativa por las causas que compete al ser funcionario público. Tuvo una celeridad y activación de todos los protocolos desde el primer momento, y también una arista judicial ya que fue una denuncia hecha ante el Ministerio Público. Todos los causes están andando correctamente. Se está a la espera de lo que se pronuncie en la justicia y también del sumario”.

Sobre los oficios entre la seremi de la Mujer y su par de Salud, Ruiz aclaró que “no existen oficios; sí existió comunicación, correos electrónicos y eso fue comunicado entre la seremi en cuestión. Oficios no hay. Todo el protocolo se activó correctamente, con la debida protección y resguardo a la víctima”. “La denuncia radica en la dirección del Hospital, que depende del Servicio de Salud. El hospital responde al Servicio y se activaron los protocolos en tiempo y forma”, reafirmó luego.

La complicación estuvo en la consulta por la aplicación de una perspectiva de género en el mismo tratamiento de la denuncia: “No voy a entrar en esos detalles. Lo que se me informó es que se ofreció un plan de acompañamiento y hubo diversas instancias donde se ofreció acompañamiento que lo requiriera la víctima. Eso es lo que nosotros, como Gobierno, vamos a defender siempre: el debido resguardo y protección a la víctima”.