A fines del mes de julio la Superintendencia de Educación Superior inicio un proceso de fiscalización sobre la gestión financiera de la Universidad de Magallanes, encendiendo las alarmas sobre la posibilidad de una crisis financiera. El Equipo Rectoral salió a bajarle el perfil a la situación aclarando que la Umag sólo pasaba “por una situación financiera ajustada” y que la deuda acumulada podría ser abordada a través de un crédito a largo plazo, ya que la deuda en relación del patrimonio alcanza a penas el 30%, muy por debajo del 100% que autoriza la ley. En ese momento la autoridad calificó de sobredimensionadas las reacciones de las asociaciones de trabajadores de la UMAG al declararse en estado de alerta por la preocupante situación financiera. Conceptos como “enemigos internos o irresponsables” fueron esgrimidos por la autoridad a los dirigentes gremiales en ese entonces. Pocos meses después, la autoridad universitaria no sólo reconoce la crisis financiera, sino que además prepara, sin participación de la comunidad universitaria, una serie de medidas de ajuste económico, que contemplan el despido de trabajadores y trabajadoras. Alguien hace mal la pega, dimensiona mal la situación o sencillamente intenta ocultar la realidad (de la cual es responsable).

En las últimas décadas hemos escuchado recurrentemente el lamento de los rectores de la Umag (y otras universidades estatales) sobre la crisis del sistema de financiamiento Universitario que lleva al endeudamiento de los planteles. Sin embargo, nunca hemos escuchado una autocrítica sobre la gestión implementada por ellos, de asumir que sus acciones y decisiones han empeorado el escenario adverso. De esta forma, la mayoría de los rectores han mantenido políticas de gestión financiera sin restricciones, con crecientes contrataciones de personal, con proyectos inviables, con estructuras administrativas abultadas, con viajes poco apropiados. La gestión universitaria se mantiene ignorando la realidad económica, construyendo sobre arena el desarrollo de la Casa de Estudio. Tal parece que la apuesta es aparentar y endeudarse.  El modelo de financiamiento universitario es perverso y injusto, pero ello no puede llevarnos a obviar que la gestión económica de los rectores es sin duda una parte importante del problema. 

En el caso de la UMAG la crisis de financiamiento se arrastra hace décadas y la respuesta en gestión prácticamente se ha limitado a administrar, repactar y aumentar la deuda. Administración tras administración, rector tras rector, la universidad ha funcionado y “crecido” sin mayor sentido de responsabilidad en el contexto y realidad económica. Tras esa política y toma de decisiones el actual Rector ha sido el único elemento constante. No solo es participe, heredero y continuador de un estilo de gestión, sino además responsable en gran medida de la situación actual, habiendo ostentado los cargos de Vicerrector de finanzas, Vicerrector académico y pro-rector de nuestra casa de estudios. De acuerdo a datos entregados por la misma autoridad la deuda ha incrementado en un 25% en los últimos 2 años, se ha mantenido una creciente política de contratación, se han aumentado las asignaciones de sueldo de los directivos, se abultó el organigrama de la universidad y se han enviado comitivas por el mundo. Si no fuera por la fiscalización de Superintendencia de Educación Superior todo seguiría normal en la UMAG y seguramente un nuevo préstamo con cargo al patrimonio hubiese disfrazado la realidad financiera, al menos por un tiempo.   

En respuesta a la crisis nadie asume responsabilidad, nadie pide disculpas. Otros son los culpables: el sistema o los rectores anteriores. A pesar de las alertas que regularmente diversos miembros del consejo académico han argumentado en el tiempo -como la solicitud de informe financiero de la carrera de medicina hace más de una década o saber el costo del nuevo organigrama el año pasado- nadie tomó medidas de austeridad. En vez de revisar el modelo de gestión económica se opta por sacrificar el capital humano. La propuesta de despido del personal de la UMAG a través de un proceso de reestructuración es la primera respuesta de la autoridad. La promesa de un mejor clima laboral o el cuidado del capital humano (como prioridad) rápidamente pasaron al olvido. 

El actual rector llegó a su mandato con el lema “Todos construimos la Universidad”; sin embargo, las palabras y las buenas intenciones se las llevó rápidamente el fuerte y helado viento de la Patagonia. La falta de transparencia y comunicación han primado en su gestión, especialmente con las organizaciones gremiales. Aires autoritarios se han apoderado del estilo de gestión, casi haciendo olvidar que los nuevos estatutos intentan democratizar la universidad. El miedo, la inestabilidad, la desconfianza, la angustia se pasean por los pasillos de la Universidad de Magallanes. La autoridad debe entender que sólo la transparencia en las decisiones, la autocrítica a los procesos de gestión y un análisis profundo de las causas de la crisis financiera podrán llevarnos hacia aquellas soluciones que darán viabilidad financiera y continuidad a nuestra Universidad de Magallanes.