El pasado 16 de mayo se cumplieron 3 años de que el gobierno del Presidente Boric mantiene el estado de Excepción Constitucional en forma ininterrumpida en la Araucanía. Una medida que en un principio era excepcional y puntual y por cierto contraria a los valores e ideales del gobierno de Apruebo Dignidad, pero se ha transformado en una política permanente, en donde su renovación es un mero trámite. El dialogo quedó atrás, la empatía con la causa Mapuche en el olvido y los compromisos de campaña esfumados. Arauco tiene una pena y la mayor de las penas es la traición.

Sin temor a equivocarme, en su época de diputado, el actual Presidente de la República, siempre cuestionó y votó en contra de los estados de excepción en la Araucanía, argumentando que no era la solución al conflicto. Ya de candidato presidencial declaró “no podemos seguir con las mismas recetas que han profundizado la violencia que hoy día se vive en la Macrozona Sur”. Una vez electo en enero de 2022 expresó que “no es la solución” para los problemas en la Araucanía y que no renovaría el estado de excepción. Sin embargo, luego del fracaso de la comitiva de la ministra Siches, el presidente dió un vuelco en 180° a su compromiso y a partir del 16 de mayo de 2022 decretó el estado de excepción en la Araucanía y durante 3 años lo ha mantenido en forma ininterrumpida, renovándolo en múltiples ocasiones. Si bien se optó por una estrategia alternativa denominada “estado de excepción intermedio”, igualmente se desplegaron militares para resguardar rutas. Un continuismo excesivo de las políticas de militarización. La falta absoluta de un plan de acción e intervención que priorice el diálogo y la búsqueda de acuerdos efectivos.

Desde la recuperación de la democracia distintos gobiernos han intentado abordar el conflicto en la Macrozona Sur creando diversas instancias de diálogo. El presidente Lagos creó la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato el año 2001; la presidenta Bachelet creo la creó la Comisión Asesora Presidencial de la Araucanía en 2016 y el presidente Piñera hizo lo propio a través del Plan Araucanía en 2018. Todas planteaban el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios y comprometían fondos para diversas iniciativas, todas quedaron en meras promesas. Nunca hubo compromiso real del Estado de Chile por hacer justicia.

El presidente Boric hace pocos días recibió el informe de la Comisión para la Paz y el Entendimiento que a diferencia de comisiones anteriores tenía su foco en buscar un mecanismo para la restitución de tierras al pueblo mapuche y medidas de reparación a las víctimas de violencia. La comisión propone 21 recomendaciones centradas en cuatro áreas claves: reconocimiento constitucional de los pueblos originarios (incluye la creación de un Consejo de los Pueblos), restitución de tierras (con un fondo de 4 mil millones de dólares), reparación a las víctimas de la violencia (incluye ambas partes) y políticas de desarrollo del territorio (económicas y sociales). El documento presentado al presidente fue aprobado por siete votos a favor y uno en contra, a pesar de la pluralidad de sus miembros. Si bien hubo discrepancia (especialmente en el número de hectáreas a restituir), la comisión llegar a acuerdos en lo medular, haciendo converger distintas tesis. He de esperarse que dichos acuerdos sean igualmente consensuados cuando el ejecutivo presente los proyectos de ley en el congreso. De igual forma es esperable que se encuentre la fórmula para comprometer los dineros requeridos para las distintas medidas que surgen de las recomendaciones de la Comisión, en especial aquellas que comprometen restituir tierras. Ojalá los resultados de la Comisión no sean letra muerta, como intentos anteriores de otros Gobiernos.

A diferencia de lo que ha ocurrido en otros países y otras economías en las últimas décadas, Chile se ha ido quedando atrás en torno a los derechos ancestrales y territoriales de los pueblos originarios. A pasar de las recomendaciones del Banco Mundial en los 90 y de la OCDE a principios de este siglo, nuestra política no ha sido capaz de abordar las soluciones requeridas para la relación Estado y Pueblos Originarios. Múltiples comisiones han llegado a conclusiones similares; sin embargo, los acuerdos no se trasforman en leyes y los conflictos se agravan cada vez más. Lo lamentable es que hoy al parecer los candidatos de derecha se niegan a avanzar en materias obvias y el Estado no tiene el dinero para abordarlas o priorizarlas. Y Arauco sigue teniendo una pena.