El reciente informe de la Contraloría General de la República, que detectó a más de 25 mil funcionarios públicos viajando al extranjero durante licencias médicas, generó un fuerte remezón político.

En Magallanes, tercera región con más casos, las reacciones parlamentarias no se hicieron esperar.

Impacto en arcas fiscales

El senador Alejandro Kusanovic expresó que este tipo de abusos no puede seguir tolerándose. “Esto debió investigarse hace años y debe resolverse de una vez por todas”, sostuvo.

Para el legislador, se debe revisar caso por caso y aplicar sanciones ejemplares: “Si se comprueba alguna falta, debe haber un castigo ejemplar para desalentar este abuso, que tiene un costo enorme para nuestro país”.

A ello sumó un cálculo alarmante: “Si multiplicamos 25.000 ausencias mensuales por el sueldo promedio del Estado, que es de $1.200.000 en 2023, nos da $30.000.000.000 mensuales. Es decir, una locura”.

Concluyó señalando que “es hora que el Estado funcione de una vez por todas, debemos parar el cantinfleo”.

Vergonzoso rol de la región

La diputada Javiera Morales, en tanto, calificó de impresentable que funcionarios con licencia médica hayan salido del país mientras escuelas, hospitales y municipios requieren de su presencia para operar.

“¿Cómo es posible que estos funcionarios, durante una licencia médica, hayan salido del país? Y el rol de nuestra región es vergonzoso”, declaró.

La diputada fue directa al apuntar a los municipios de Puerto Natales y Punta Arenas, indicando que “están dentro de las instituciones que lideran este terrible ranking”. Enfatizó que “necesitamos una justificación y que se apliquen las sanciones que corresponde. Y en esto, ambos municipios de nuestra región tienen muchísimo que decir”.

Debe haber consecuencias

Por su parte, el diputado Christian Matheson lamentó que Magallanes sea la tercera región con más casos y anunció modificaciones a la legislación para que estos hechos no se repitan, “ni siquiera en el caso de licencias psiquiátricas”.

Asimismo, advirtió que la gravedad de estos hechos deberán tener consecuencias graves para los infractores.

“Este tipo de abusos, si bien ameritan un sumario administrativo, con el sólo hecho de constatarse mediante información otorgada por la PDI que la persona salió del país, a menos que su tratamiento sólo pueda realizarse en el extranjero, debiera ser causal de destitución del cargo, por constituir una falta grave a la probidad”, enfatizó.