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Revocan fallo y condenan a JUNJI por accidente que causó amputación a menor en jardìn infantil

tribunales
19/11/2025 a las 11:24
Periodista Web 1
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El tribunal de alzada acogió el recurso de apelación de la familia y ordenó el pago de 20 millones por daño moral, al acreditar que la JUNJI incumplió su deber de protección y vigilancia.

El abogado Juan Srdanovic Arcos informó públicamente que la Corte de Apelaciones de Punta Arenas acogió el recurso de apelación y revocó íntegramente el fallo de primera instancia, dictado por el Segundo Juzgado Civil, en la causa de responsabilidad por falta de servicio seguida en contra de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI).

La demanda se deriva del grave accidente ocurrido al interior del Jardín Infantil Caperucita Roja, donde una menor de dos años sufrió la amputación traumática de parte de un dedo mientras estaba bajo el cuidado del establecimiento.


Negligencia y Falta de Servicio

El abogado Srdanovic destacó que el fallo de segunda instancia “hace justicia con una familia que sufrió un daño irreparable”, y subrayó que la sentencia reconoce que la JUNJI incumplió su deber legal de protección y vigilancia, permitiendo que la niña se encontrara sin supervisión al momento del accidente.

La Corte determinó que el establecimiento actuó de manera negligente, puesto que “debió extremar los cuidados considerando la corta edad de los párvulos y la naturaleza del riesgo presente en el recinto”, concluyendo que la institución no adoptó medidas eficaces para evitar el resultado dañoso.

El tribunal de alzada no solo rechazó la excepción de falta de legitimación, sino que además ordenó el pago de:

  • para la menor afectada por concepto de daño moral.

  • para cada uno de sus padres por concepto de daño moral.

Los montos deberán pagarse reajustados conforme al IPC y con intereses en caso de mora.

Srdanovic señaló que “este fallo reafirma un principio esencial: los establecimientos públicos que reciben a niños pequeños tienen el deber absoluto de proteger su integridad, y cuando no lo hacen, el Estado debe responder”. Agregó que la resolución constituye un precedente relevante para elevar los estándares de seguridad y supervisión en jardines infantiles públicos de la región.


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