Hace unas semanas se dio a conocer la llamada Comisión Tributaria para el Crecimiento y la Equidad del Ministerio de Hacienda, que tiene como objeto formar un órgano consultivo transversal, integrado por expertos en materias tributarias, que revisen la actual estructura tributaria y entreguen recomendaciones.

El documento contiene las conclusiones del trabajo llevado a cabo por esta comisión, a fines de 2020 y comienzos de 2021, e incluye recomendaciones sobre la mantención, eliminación o modificación de diversos beneficios tributarios hoy vigentes. El informe da cumplimiento a los mandatos entregados a la Comisión Tributaria y concluye la primera etapa de su revisión.

El informe de los economistas indica que el “costo fiscal” que tienen las exenciones que reciben las zonas extremas es muy alto y, por lo tanto, recomiendan revisar estos beneficios, con el objetivo de ver si es posible lograr un mejor resultado de costo y beneficio para esas zonas, considerando también el problema de contrabando que se podría estar produciendo en estas zonas, sobre el cual no existe una estimación precisa.

El texto señala que existe variada legislación aplicable a Zonas Extremas que establecen Zonas Francas (“ZF”) y Regímenes Preferenciales (DFL 341 de 1977, Ley 18.392, Ley 19.149, Ley 19.420, Ley 19.606, Ley 19.853, DFL 15). Todos estos últimos se refieren a las leyes de excepción como la Ley Tierra del Fuego y Ley Navarino.

Ante esto, la Asociación Gremial de Industriales de Tierra del Fuego y Navarino, manifestó su preocupación frente a algunas opiniones negativas en relación a algunos instrumentos de excepción agravado por la falta de interés sobre temas geopolíticos.

Es así que el presidente de la Asociación Gremial, Mauricio Inostroza, expresó que “Justamente la creación de estas normas para zonas extremas, por ejemplo, la misma Ley Navarino, tienen como origen y fuente material, razones geopolíticas, necesidad de poblamiento y establecimiento, además del fomento de desarrollo industrial”.

Desde la organización expresan que, la Asociación de Industriales representa a 10 empresas de los más diversos rubros, pesquero, forestal, textil y ganadero y generando alrededor de 1.000 empleos directos a los que debe sumarse todo el empleo indirecto que se genera.

Inostroza dijo que “para las cientos de familias que se han instalado en Tierra del Fuego y Navarino y que dependen de estas normativas para mantener sus fuentes de trabajo, se abre un espacio de gran incertidumbre. Pero sobre esto, los detractores a las leyes de fomento no se pronuncian”.

Finalmente, el líder de los industriales expresó que, “a pesar de las complejidades del 2020, desde el sur del Estrecho de Magallanes, hemos seguido dando empleo, oportunidades de desarrollo y hemos concretado nuevos proyectos que dan oportunidades a muchas personas y sus familias. Por ello, estaremos muy atentos al desarrollo de esta comisión y por sobre todo a las voluntades políticas sobre estas leyes. Las autoridades centrales saben o deben saber que en Magallanes nuestros intereses se defienden y serán defendidos”.