Hace diez años, un ministro de Educación fue consultado acerca de la importancia que le asignaba a la transmisión y aprendizaje de las lenguas indígenas en el país. La respuesta fue demoledora, pues en su perspectiva no valía la pena gastar recursos en idiomas que estaban condenados a desaparecer.

Este enfoque tuvo implicancias directas en las políticas públicas tendientes al respeto a la diversidad y ocultaba en su profundidad un sesgo ideológico que sitúa al Estado como un instrumento homogeneizador, mediante el uso de mecanismos de acceso al conocimiento, como son los jardines infantiles, escuelas, y demás instituciones educacionales formales.

No es lejana la época en que a los niños indígenas que llegaban hablando sus idiomas vernáculos a los colegios se les aplicaban castigos corporales, o en que las familias indígenas optaron por no transmitir sus idiomas a la generación siguiente por temor a la discriminación que podría sufrir sus hijos por los “blancos”.

El efecto de la negación sistemática de la diversidad lingüística en Chile ha tenido consecuencias devastadoras. Pensemos que de acuerdo con estudios actuales sólo el 25% de la población indígena entiende los idiomas tradicionales, y las opciones de acceder a contenidos culturalmente pertinentes en el sistema formal de educación comenzaron a ser accesibles con el retorno a la democracia y a los intentos de generar programas en educación intercultural bilingüe a nivel nacional hacia 1994.

No escapamos a la realidad global, pues según datos de UNESCO el 40% de la población mundial carece de acceso a educación en sus lenguas maternas, y cada 15 días desaparece un idioma en el mundo, lo que provoca que el 43% de los 6.000 idiomas se encuentren en peligro de desaparecer. Es en este contexto, UNESCO declaró el día internacional de la lengua materna (21 de febrero) en su Conferencia General de noviembre de 1999.

La pregunta que surge tiene que ver con el valor que tienen estos idiomas para los seres humanos y su desarrollo colectivo. Un primer aspecto a analizar es que cada idioma permite a las personas comunicar ideas precisas de acuerdo con el contexto cultural. Por ello, cada forma de comunicación ofrece la posibilidad de compartir ideas complejas desde la particularidad de cada grupo. Tal es así que muchas veces no es posible realizar una traducción desde una lengua tradicional al idioma dominante (y a la inversa), y tal necesidad sólo puede ser resuelta mediante una interpretación de contexto o con la creación de palabras nuevas (neologismos).

Un segundo aspecto a considerar es que lo seres humanos ordenamos la realidad a partir de elementos lingüísticos. Dicho en términos sencillos, nuestra realidad es lo que podemos decir acerca de ella y se configura en todos los hechos a los cuales podemos darle un nombre y asignarle una causa, todos factores que derivan de la práctica social de la enseñanza y el aprendizaje.

Un tercer aspecto es que las formas de comunicación compartidas por una comunidad lingüística incorporan un factor de identidad y refuerzan aquello que define a un grupo respecto de otros. Es un factor que define etnicidades, y que permite construir significados.

En Magallanes el proceso de desaparición física de las comunidades indígenas estuvo aparejado al creciente abandono de prácticas tradicionales, siendo una de ellas la transmisión de los idiomas maternos. Actualmente viven en la región un limitado número de hablantes de la lengua kawésqar, falleciendo en el 2022 la última hablante (plenamente competente) del yagán.

Las instituciones del Estado han realizado diversas acciones tendientes a la recuperación de contenidos en materias de educación intercultural bilingüe a través de JUNJI, INTEGRA y el Ministerio de Educación. Por otra parte, la CONADI ha desarrollado diversas acciones orientadas al rescate, sistematización y transmisión del yagán y el kawésqar en años recientes, acciones que se suman a iniciativas particulares destinadas a la divulgación de estos idiomas o a la recuperación de lexicografía de la lengua Selk´nam, pueblo recientemente incorporado en la Ley Indígena.