Un reciente proyecto de ley del Gobierno ha generado un intenso debate en el sector energético. La propuesta busca que los desarrolladores de hidrógeno verde paguen un impuesto anticipado equivalente al 1% de su inversión en activos fijos inmediatamente después de obtener la Resolución de Calificación Ambiental (RCA). Si bien la medida tiene como objetivo generar beneficios tempranos para las comunidades locales, ha sido fuertemente criticada por expertos, gremios y potenciales inversionistas, quienes advierten sobre el riesgo de frenar una industria clave para el futuro de Chile.

Un cambio en la normativa

La propuesta del Ministerio de Hacienda modifica la contribución regional establecida por la Ley 21.210. Actualmente, este pago se realiza una vez que los proyectos inician sus operaciones, cuando ya tienen ingresos. El cambio plantea adelantar este desembolso a una etapa mucho más temprana: la obtención de la RCA, que es el permiso ambiental que permite la construcción, pero no garantiza el inicio de las obras ni la viabilidad comercial del proyecto.

Críticas de la industria y la academia

La iniciativa ha sido recibida con preocupación. Expertos como Eduardo Bitran, exvicepresidente ejecutivo de Corfo, han señalado que adelantar este pago podría comprometer la viabilidad financiera de proyectos que aún no consiguen financiamiento ni contratos de venta. Por su parte, Marcos Kulka, director ejecutivo de la Asociación Chilena de Hidrógeno (H2 Chile), calificó la medida de “inadecuada” dado que la RCA no es el paso final para una decisión de inversión.

Esta preocupación se extiende a los inversionistas internacionales. Antoine Liane, gerente general de TotalEnergies H2, ha destacado que esta medida podría implicar un desembolso de US160 millones para su proyecto de US16 mil millones en Magallanes, sin que existan aún garantías de financiamiento o acuerdos comerciales.