Veinte funcionarios de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) fueron sancionados con tres días de arresto militar luego de negarse a abordar un avión Hércules C-130 con destino a la Antártica. La razón, según una investigación de Bio Bio, medio asociado a Pingüino Multimedia, fue la denuncia escrita dando cuenta de fallas en la aeronave, del mismo tipo que la que sufrió el accidente en 2019 que cobró la vida de 38 personas.

Los hechos se remontan al 15 de diciembre del año pasado, cuando un grupo de pilotos y técnicos debía participar en la Campaña Polar Científica Conjunta Glaciar Unión 2024, una misión que implicaba un vuelo a más de 3.000 kilómetros al sur de Punta Arenas.

Los uniformados presentaron informes a sus superiores solicitando ser excluidos de la misión debido a que el avión C-130, matrícula 995, presentaba discrepancias en sus indicadores de combustible. Un desperfecto similar a una de las fallas que se investigan en la tragedia del Hércules C-130 990, que se estrelló en el Mar de Drake en 2019.

En sus informes, los funcionarios alertaron sobre los riesgos de operar con un posible desbalance de combustible. Uno de los pilotos afirmó que “una operación sostenida desde Punta Arenas a Glaciar Unión presenta un riesgo latente”, mientras que otro señaló que “el vuelo no cumple con los estándares mínimos de seguridad operacional”. La memoria de la tragedia de 2019 pesaba sobre ellos, como lo manifestó uno de los aviadores que era amigo de los fallecidos.

Además de las fallas en los indicadores de combustible, algunos uniformados denunciaron problemas de presurización y cables eléctricos en mal estado, lo que también se había detectado en el avión siniestrado en 2019. Varios testimonios revelaron que, pese a las fallas, la orden era que el vuelo debía concretarse “de todas formas”.

La respuesta de la FACh y la sanción

Tras la negativa de los funcionarios, la FACh convocó a una reunión el mismo 15 de diciembre, tras la cual se decidió no autorizar la operación de la aeronave. Sin embargo, a pesar de que algunos aviadores retractaron sus informes, todos fueron sancionados.

La Comandancia en Jefe de la Segunda Brigada Aérea de la FACh emitió una resolución que desestimó los argumentos de los uniformados. La institución militar afirmó que las discrepancias del avión estaban siendo debidamente atendidas y que la conducta de los funcionarios “contribuyó a un ambiente de desconfianza en las tripulaciones, afectando su disponibilidad para cumplir funciones propias del servicio”. En la resolución, se concluyó que los 20 involucrados “quebrantaron y eludieron sus deberes militares, produciendo una falsa alarma, desorden o confusión”.