Postular a una vivienda social en Chile es un proceso complejo, no sólo por los requisitos, sino más bien porque el sueño de la casa propia suele prolongarse al punto de convertirse en algo de nunca acabar y, peor aún, en algunos casos en una verdadera pesadilla.

Entre manifestaciones (como las del 2022 en Punta Arenas), constantes reclamos por fallas estructurales y cifras que contrastan entre las necesidades y los avances, un nuevo problema parece haber surgido. Para algunos, una complejidad nueva, para otros que se arrastra de un buen tiempo a esta parte.

El consejero regional por la Provincia de Última Esperanza, Max Salas Illanes, fue quien expuso ante sus colegas cores lo que calificó de “una grave situación” que viene siendo discutida al interior de la comisión Social del cuerpo colegiado.

Detalló que “el Serviu de Magallanes, avalado supuestamente por criterios nacionales, está tomando medidas que son de una crueldad y, probablemente, de una ilegalidad que sobrepasa nuestra imaginación: ha decidido aceptar que el único ente válido para tramitar las postulaciones de los subsidios son las entidades patrocinantes que hoy en la región no son ni más ni menos que las mismas empresas constructoras y ni más ni menos que los dueños de los mismos terrenos”.

Agrega que “están obligando a los vecinos a pasar por el filtro de ellos antes de siquiera poder postular, por lo que es  la empresa, la misma que lucra con estos proyectos sociales, la que define quién postula a este derecho y quién no”.

Para el consejero regional urge que el tema sea abordado por el Gobierno Regional a través de mecanismos de diálogo e institucionales, “porque esto está subiendo de tono y se puede desmadrar, más cuando incluso hay rumores que además estarían subiendo los montos de postulación”.

Salas habla de “injusticia” y “pánico colectivo”, poniendo de relieve que el Gobierno Regional hace esfuerzos grandes para subsidiar estos proyectos y no resulta grato saber que otros actores del proceso “someten a estrés a las familias. Esto no tiene nombre y es por eso que se debe hacer algo antes que la gente sienta que tiene que resolver esto por sus propias manos”.

En su exposición, el consejero regional fue más allá, señalando que hace tres semanas “el Serviu establece esta medida acá. Y no sólo eso, además, establece que si le faltan el respeto a los funcionarios les van a caducar los subsidios, por lo tanto amordazaron a la gente. Y el 28 de agosto comunicaron a las agrupaciones para que informen a sus miembros que ahora las postulaciones las deben hacer las familias individualmente ante la empresa”. 

El representante de Última Esperanza dijo que desde el 2011 existe la figura del ente patrocinante como gestionador y fiscalizador de las empresas constructoras, pero que hoy “el Serviu permitió que les pasen por encima” y que con un RUT distinto no exista problema para que la entidad patrocinante sea propiedad de la misma empresa constructora. Peor aún, continúa, “están diciendo a las familias que se olviden de los grupos que llevan más de 9 años organizados, todo eso por la borda, y ahora entenderse directamente con la empresa, la misma que va a escoger a dedo al postulante”.