En lo que se perfila como uno de los casos de contrabando más grandes de la Región de Magallanes, 13 imputados fueron puestos a disposición de la justicia durante una extensa audiencia de formalización. El caso, trabajado en conjunto por la Policía de Investigaciones (PDI) y la Fiscalía Regional, involucra delitos de contrabando, asociación ilícita, lavado de activos y delitos aduaneros.

La jornada judicial, que se llevó a cabo el miércoles por la mañana, fue decretada bajo “secreto” por el tribunal, una medida solicitada por el fiscal jefe Sebastián González y a la que se opusieron algunas defensas. Debido a esta restricción, los familiares y medios de comunicación no pudieron presenciar los detalles de las diligencias que permitieron desarticular la banda, que operaba transportando cigarrillos desde Argentina a través de pasos no habilitados.

Los 13 imputados, que habían visto ampliado su plazo de detención la semana pasada, participaron en la audiencia vía telemática desde el complejo penitenciario de Punta Arenas. Durante la sesión, la Fiscalía solicitó al tribunal la medida cautelar de prisión preventiva para todos ellos, argumentando la gravedad de los delitos y el riesgo de fuga.

Cifras millonarias

El pasado viernes, el fiscal regional Cristian Crisosto dio a conocer los primeros antecedentes del operativo, en el cual se incautaron más de 120 mil cajetillas de cigarrillos, cien millones de pesos en efectivo, 19 vehículos y otros bienes adquiridos presuntamente a través del lavado de activos.

Un aspecto importante de la audiencia fue la participación del Servicio Nacional de Aduanas como querellante, lo que subraya la seriedad de los delitos aduaneros imputados.

Hasta el cierre de esta edición, no se conocía la determinación del tribunal respecto de la solicitud de prisión preventiva, dejando a la expectativa la resolución final sobre la situación de los 13 imputados.

Cabe hacer presente que aún faltan personas por ser capturados en este caso, según lo señaló ayer la Fiscalía.