Hasta la Corte de Apelaciones de Punta Arenas llegó ayer el concejal de Punta Arenas José Aguilante acompañado de un vecino del sector norte que esperan que se paralice la instalación de una antena de celulares que les estaría afectando la salud.
Los imputados fueron formalizados por el delito de hurto, fijándose un plazo de dos meses para el cierre de la investigación y determinar su participación.
El lunes el parlamentario enfrentará la acusación de la Fiscalía por los dos delitos investigado, esto es fraude al Fisco y negociación incompatible.
En la querella se menciona al menos a dos consejeros regionales que admitieron haber sido amenazados para votar a favor del proyecto.
La noche del jueves y la mañana del viernes, varios usuarios se percataron que en sus cuentas bancarias faltaba dinero, el cual habría sido girado desde distintos cajeros automáticos, tanto en la capital regional como en Santiago.
De acuerdo con lo informado por el jefe de la Brisexme, comisario Julio Caro, la niña se dirigía a su domicilio luego de haber asistido a su jornada normal de clases en su establecimiento educacional, siendo abordada por el sujeto, a quien nunca antes había visto.
El delito en sí es “uso fraudulento de tarjeta de débito”, y según los primeros antecedentes las cifras defraudadas estarían bordeando los cinco millones de pesos.
El tribunal, a diferencia de lo planteado por el Ministerio Publico, estimó que no existía una acción homicida, basada en la conducta que tuvo la víctima posterior a la agresión, dado que se quedó en el domicilio y vivió con el hombre.
Fabiola García, hermana de la joven fallecida, indicó que para ellos todo ha sido complicado, y se encuentran sufriendo mucho. Lo único que esperan es que aparezca el responsable y que cumpla con cárcel efectiva.
Según lo expuesto por el fiscal Felipe Aguirre, la imputada Patricia Leiva Narváez fue reformalizada delitos que no se determinaron durante la primera formalización. “Ella era la dueña de la sociedad Rayen SPA. Respecto a los hechos de la primera ocasión, no sufrió cambios en la primera parte, sin embargo, en el segundo hecho se agregaron antecedentes que se lograron recabar después como traspasos de dineros de Rayen SPA entre funcionarios públicos.
Por su parte, el abogado defensor José Miguel Navarrete, se opuso a la prisión preventiva. A pesar de los alegatos, el magistrado Miño lo envió a cumplir prisión preventiva mientras duren los 50 días fijados para la investigación.
Cabe recordar que en la formalización de la investigación realizada el miércoles pasado, se dieron a conocer los hechos que ocurrieron el martes, en circunstancia de una denuncia hecha por Atilio Calcutta Violic por el robo de aproximadamente 80 corderos desde su parcela, ubicada en la Ruta Y-65 altura kilómetro 10.
El hecho se registró en el sector norponiente de Punta Arenas durante la mañana de ayer.
El detenido fue identificado como Luis Vera Fierro. Tiene 23 años y registra un amplio prontuario.
La audiencia se realizó ayer en el Juzgado de Garantía de la capital de Tierra del Fuego, donde se indicó que los imputados mantenían diversos cueros y utensilios para cometer el delito de abigeato,
El hecho ocurrió en julio del año pasado, luego que la afectada denunció que fue trasladaba hasta el sector del Andino, donde habría sido agredida.
Tras ser enviado a prisión preventiva, el imputado Diego Molina Guerrero fue trasladado desde el recinto penal de Puerto Natales al complejo penitenciario de Punta Arenas por las características del delito que cometió.
Los hechos ocurrieron la tarde del 27 de mayo de este año, cuando los imputados concurrieron al módulo central del recinto en Punta Arenas.
Amanda del Carmen Díaz Soto es dueña de un almacén en la Población Fitz Roy y el hecho policial se perpetró esta tarde, alrededor de las 14 horas.
El hecho se registró esta mañana en la prolongación Capitán Guillermos parcela 116, en un domicilio al interior de ese sector.