Tras el caso de la mujer condenada por vender licencias falsas a buzos mariscadores, la Brigada de Delitos Económicos dio cuenta de cómo se desarrollan este tipo de fraudes en la región.
El plazo para el cierre de la investigación se fijó en 90 días.
El fiscal jefe de Punta Arenas, Fernando Dobson, está solicitando una pena de 10 años de presidio para el acusado. El tribunal consideró que no existió reiteración en los hechos, por lo que la pena que reciba podría ser menor.
En el primer juicio, se condenó al agresor a una pena en libertad de 817 días por un delito de lesiones en contexto de violencia intrafamiliar.
La captura se logró gracias a los Detectives de la Brigada de Robos de Punta Arenas.
Dos compañías de Bomberos acudieron a la emergencia, sobre todo, por el derrame de combustible en el lugar.
Los alumnos, desde el toque del timbre llamaron a protagonizar una jornada de lápices caídos en el hall del establecimiento.
La ocasión les permitió compartir de manera directa con los funcionarios acerca del quehacer propio de su área de trabajo.
El particular accidente causó cuantiosos daños a una parte del monumento, ubicado en la intersección de la avenida Colón con España.
El director regional del área, Luis Muñoz Fuentealba, negó dichas versiones.
En las intersecciones de Quillota con Angamos, en la comuna de Punta Arenas.
Arriba del avión fue que, en base al descubrimiento de los canes que trabajan con la Brigada Antinarcóticos, terminaron deteniendo a Bryan Angulo Bonilla. Quedó a la espera del control de detención.
818 días deberá cumplir Carlos Ulloa Valenzuela, esto luego que el fiscal Sebastián González probó en juicio oral que el acusado procedió a agredir con golpes de pies y puños, a la víctima José Luis Muñoz Elgueta.
De acuerdo al capitán Marcelo Ruíz, de la Primera Comisaría de Carabineros, los autos más robados son el Hyundai Accent y el Nissan V16.
Ausencia de cuartelero en la octava compañía retrasó la llegada de ayuda. Fue pérdida total del inmbueble.
El motivo, sería producto de malos tratos por parte de gendarmes
Los otros dos ladrones fueron condenados con penas efectivas de cárcel.
La mujer vendía los documentos falsos a personas que se encontraban fuera de la región y que no realizaron ningún tipo de examen. En la obtención fraudulenta de las matrículas, estaba involucrado un funcionario de la Armada, quien también está siendo procesado en la Justicia Naval.
La audiencia de preparación de juicio oral se fijó para el próximo 25 de octubre a las 10.30 horas.
El imputado Felipe Altamirano Espinoza, comercializó a través de Internet, los equipos electrónicos.